Donald Trump y las grandes multinacionales que gobiernan el mundo
El panorama político, económico y social del siglo XXI está marcado por la creciente influencia de las grandes multinacionales y su interacción con figuras políticas de alto perfil como Donald Trump. El recién nombrado presidente de los Estados Unidos representa un ejemplo paradigmático de cómo el poder político y empresarial se entrelazan en una dinámica que podría redefinir el concepto de soberanía nacional y la distribución del poder en el mundo.
Antes de convertirse en el 45° presidente de los Estados Unidos, Donald Trump era ampliamente conocido como un magnate inmobiliario y una celebridad mediática. Su conglomerado, la Trump Organization, destacó por proyectos inmobiliarios, hoteles de lujo, campos de golf y licencias de marca alrededor del mundo. Esta experiencia empresarial marcó profundamente su visión política, que abogaba por una administración gubernamental que funcionara como una empresa: centrada en la rentabilidad, la eficiencia y la negociación agresiva.
Durante su mandato presidencial (2017-2021), Trump promovió políticas que beneficiaban a las grandes corporaciones. Entre estas medidas destacaron los recortes fiscales masivos introducidos por la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017, que redujo significativamente las tasas impositivas corporativas del 35% al 21%. Esta legislación fue aclamada por las multinacionales estadounidenses, ya que impulsó la repatriación de miles de millones de dólares y fomentó un entorno fiscal favorable para la inversión y el crecimiento empresarial.
Sin embargo, estas políticas ampliaron la brecha de desigualdad y consolidaron aún más el poder de las multinacionales, que, en muchos casos, ya operaban con ingresos superiores al Producto Interno Bruto (PIB) de varios países en desarrollo.
El poder de las grandes corporaciones ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas. Empresas como Google, Apple, Facebook (ahora Meta), Amazon y Microsoft [GAFAM] y no solo dominan sus respectivos sectores, sino que también tienen una influencia desmedida sobre las políticas públicas, las tendencias culturales y los sistemas económicos. Estas multinacionales cuentan con recursos financieros que les permiten competir directamente con Estados nacionales, a menudo ejerciendo más influencia que los propios gobiernos en áreas clave como la tecnología, la economía y la diplomacia internacional. Es el caso de Elon Musk, empresario, inversor y magnate, consejero delegado de SpaceX, director general de Tesla y ahora activo participante de la campaña presidencial de Donald Trump, que ya ha anunciado tendrá en su Gabinete un puesto significativo: dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Este creciente poder de las multinacionales plantea una pregunta inquietante: ¿estamos entrando en una era en la que estas multinacionales eclipsarán a los Estados como los principales actores de la gobernanza global? Este proceso ya está en marcha. Las multinacionales controlan flujos de capital, datos e información que trascienden fronteras, y su capacidad para influir en las decisiones políticas es cada vez mayor. Este fenómeno se ve exacerbado por la globalización, que ha permitido a estas empresas expandir su alcance y consolidar su poder.
Un ejemplo emblemático de este fenómeno es la influencia de las tecnológicas en la economía digital. Empresas como Google y Facebook controlan una parte significativa de la publicidad en línea, mientras que Amazon domina el comercio electrónico global. Estas empresas también tienen un impacto directo en la política, financiando campañas electorales, realizando conspiraciones a gran escala e incluso influyendo en el debate público mediante el control de las plataformas de comunicación.
La Administración de Donald Trump contribuyó al fortalecimiento del poder empresarial. Uno de los mayores beneficiarios de sus políticas fueron las industrias de combustibles fósiles. Y en esta nueva legislatura no parece que vaya a ser diferente. Igualmente, Trump se retiró del Acuerdo de París sobre el cambio climático, argumentando que perjudicaba los intereses económicos de Estados Unidos. Esta decisión fue celebrada por gigantes energéticos como ExxonMobil y Chevron, que obtuvieron un margen de maniobra mayor para operar sin restricciones ambientales estrictas.
De esta forma, el ascenso de las multinacionales y su interacción con líderes como Trump plantea desafíos significativos. En un mundo donde las empresas más grandes tienen recursos superiores a los de muchos países, surge la pregunta de quién establece las reglas del juego. Los organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio han quedado rezagados frente a la capacidad de las multinacionales para moldear la economía global según sus intereses.
La relación de Donald Trump con las multinacionales sugiere que el futuro de la gobernanza global será híbrido, con una combinación de poder estatal y corporativo, y no de manera equitativa. Este modelo plantea un gran desafío. Por un lado, la colaboración entre gobiernos y empresas puede acelerar el desarrollo tecnológico, impulsar la innovación y abordar desafíos globales como el cambio climático y las pandemias, pero, por otro lado, existe el peligro de que las corporaciones acumulen tanto poder que los intereses de la ciudadanía queden relegados a un segundo plano. Y de momento es el aspecto que prevalece.
Si las tendencias actuales continúan, y eso parece, es posible que veamos un futuro en el que las multinacionales actúen como verdaderos gobernantes globales —si no lo están haciendo ya— determinando políticas, controlando recursos y definiendo el curso de la humanidad. Este escenario plantea una pregunta urgente: ¿cómo podemos garantizar que el poder corporativo se utilice para el beneficio colectivo y no solo para la maximización de ganancias? La respuesta a esta pregunta definirá el rumbo del mundo en las próximas décadas.
Para construir un futuro más solidario y equitativo en un contexto dominado por las grandes multinacionales y su creciente influencia, es fundamental adoptar enfoques que combinen la regulación estatal, la innovación social y la participación activa de la ciudadanía.
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